El  marco jurídico salvadoreño se  deriva de la Constitución Política de 1983. La Constitución está clasificada como la más alta autoridad jurídica, seguida por los tratados internacionales ratificados por El Salvador, las leyes y los reglamentos. El sistema jurídico se basa originariamente en el sistema de código civil francés. La Asamblea Legislativa aprueba las leyes sobre la iniciativa de los siguientes:

• Legisladores
• El Presidente (a través de sus Ministros)
• La Corte Suprema de Justicia (en asuntos relacionados con la rama judicial, la jurisdicción y competencia de los tribunales, y el ejercicio de Escribano Público)
  Consejos Municipales (sobre asuntos relacionados con los impuestos municipales)
• Los Acuerdos de Paz firmados en 1992 introdujeron importantes modificaciones a la Constitución Política, centrada en la estabilización de la democracia y el respeto de los derechos humanos.

Hay pocas restricciones a la inversión extranjera. La inversión extranjera debe ser registrada en la Oficina Nacional de Inversiones (conocido como el ONI) para acceder a los incentivos concedidos por la Ley de Inversiones. Los inversionistas extranjeros deben respetar las disposiciones contra el blanqueo de dinero.

La moneda local es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. El colón salvadoreño, el cual ya no circula en el país, es convertido a una tasa fija de C8.75 colones por US$1 dólar. Actualmente no existen controles de cambio de moneda.

Algunos de los incentivos disponibles bajo la Ley de Inversiones son:

• Procesos ágiles.
• Etapas cortas y simples para establecer y desarrollar la inversión y para facilitar la repatriación.
• Trato equitativo para inversionistas locales y extranjeros.
• Libertad para hacer inversiones. Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, puede hacer inversiones de cualquier tipo dentro de los límites legales.
• Facilitación de transferencia de fondos al extranjero.
• Estatus de Residente a inversionistas extranjeros.
• Los inversionistas extranjeros que realicen una inversión de más de 4000 salarios mínimos, tienen automáticamente el derecho de ser residentes en El Salvador, lo cual les otorga el derecho residir y trabajar en el país. Esta residencia puede ser temporal o permanente y se extiende al grupo familiar del inversionista extranjero.
• Acceso a financiamientos locales.

Seguridad y protección a la propiedad.

La Constitución de la República reconoce y garantiza lo siguiente: Derechos específicos para inversionistas extranjeros y el derecho a que los inversionistas dispongan libremente de las ganancias.

Los tipos de sociedades más usadas son:

• Abrir una sucursal en el país
• Creación de sociedades locales: una sociedad anónima con capital variable (S.A. de C.V.) o una sociedad de responsabilidad limitada (Ltda.)

El vehículo corporativo más común es crear una sociedad anónima.

Una sociedad debe ser incorporada en el Protocolo de un Notario Público, en donde se establecen los artículos de incorporación y estatutos de la sociedad. El testimonio de la escritura de constitución debe ser presentado en el Registro de Comercio para su correspondiente inscripción. El registro de una sociedad toma entre tres a cinco días.

La ley exige como mínimo dos socios para la creación de una sociedad. Estas personas pueden ser naturales o jurídicas. El capital social mínimo requerido por la ley es de C100,000 colones (aproximadamente US $11,429). En el momento de la constitución de una sociedad, los accionistas deben de cancelar por lo menos el 25% del capital social suscrito y el 75% restante debe ser totalmente cancelado dentro de un tiempo razonable (usualmente entre 1 y 5 años seguidos a la fecha de constitución de la sociedad). El valor mínimo de cada acción del capital social es de C10 colones (aproximadamente US $1.14).

No existe ningún monto máximo para el capital social de una sociedad.

Si, una vez pagado el capital mínimo por los accionistas.

Usualmente no hay restricciones inherentes a los derechos incorporados en cada acción. Sin embargo, los accionistas pueden optar por “acciones preferidas”, las cuales limitan los derechos al voto pero gozan de un derecho preferente en las ganancias de la sociedad.

Asimismo, la escritura de constitución de una sociedad puede establecer un quórum superior a lo establecido por la ley para la toma de decisiones en las Juntas Generales de accionistas, quien es la autoridad máxima en la toma de decisiones en una sociedad.

No, no existen restricciones para accionistas extranjeros.

La administración de una sociedad puede ser confiada por los accionistas ya sea: a una junta directiva (la cual debe estar conformada con por lo menos dos directores y sus correspondientes suplentes) o a un administrador único y su correspondiente suplente.

La junta directiva puede asimismo nombrar gerentes en diferentes áreas para manejar la sociedad.

Las personas extranjeras pueden ser accionistas, directores o gerentes.

Las facultades de los directores son personales y por ende no pueden ser delegadas. Un director es responsable por las decisiones tomadas en las juntas directivas, a menos que, su voto vaya en contra de una decisión tomada por la Junta Directiva, y que él haya establecido sus razones valederas sobre su negatividad, y esto haya sido registrado en el libro de sesiones de juntas directivas que se lleve para tal efecto.

El presidente y secretario de la Junta Directiva, pueden actuar conjunta o separadamente, y son los representantes legales de la sociedad, a menos que la escritura de constitución de la sociedad establezca otra cosa. Otra opción es otorgar poder a cualquier persona residiendo en El Salvador, para otorgarle capacidad legal para firmar documentos y hacer peticiones en nombre de la sociedad y actuar como su representante legal. Los representantes legales de las sociedades son responsables de cumplir con todas las obligaciones legales de la sociedad.

Una sociedad madre es solo responsable si accionista de una sociedad local.

Una sociedad debe de llevar los siguientes archivos:

• Anualmente, se debe de presentar ante el Registro de Comercio un balance general y los estados financieros de la sociedad
• Mensualmente se debe de presentar una declaración de impuestos sobre el valor agregado (IVA), y debe de cancelarse la diferencia, si la hubiera, del resultado entre el total de los impuestos recolectados por las ventas menos el total de los impuestos pagados a terceros.
• Mensualmente se debe de presentar una declaración de impuestos sobre la renta, cancelando anticipadamente el 1.5% de la renta bruta.
• Mensualmente se debe de presentar una declaración de impuestos sobre la renta de las rentas retenidas a empleados de la sociedad o a trabajadores independientes que prestan servicios a la sociedad.

Mensualmente se debe de cancelar las contribuciones de salud y los fondos de pensiones de sus empelados.

El código de trabajo salvadoreño fue decretado en 1972, y regula las relaciones entre el patrón y los trabajadores. El Ministerio de Trabajo tiene competencia administrativa sobre las audiencias de conciliación entre las partes o inspecciones. Los Juzgados Laborales tienen competencia judicial sobre los pleitos, disputas o litigios de índole laboral y estas decisiones pueden ser revisados por el Tribunal de Apelaciones y/o por la Corte Suprema de Justicia, si el caso lo amerita.

El Código de Trabajo exige la existencia de un contrato de trabajo por escrito entre las partes, y a falta de éste, pueden utilizarse testigos para probar la relación laboral existente entre las partes.

En empresas con 25 o más empleados, deben de adoptarse reglamentos internos. Un reglamento interno debe de contener los métodos disciplinarios y procedimientos que deben de ser adoptados, y este documento debe de ser presentado al Ministerio de Trabajo.

NO tienen ningún tipo de derechos.

Un empleado puede ser despedido con o sin justa causa. Si un empleado es despedido sin justa causa, tiene derecho a una indemnización correspondiente a su último salario del mes por cada año trabajado, más vacaciones y aguinaldo proporcionales.

El monto de la indemnización es limitada por la ley, a un máximo de cuatro salarios mínimos multiplicado por cada año trabajado, a menos que la empresa tenga como costumbre o prestación adicional, pagar las indemnizaciones basándose en el salario del empleado a la fecha del despido, independientemente que sea mayor al salario mínimo de indemnización establecido en la ley.

Implican el pago de una indemnización como cualquier otro despido laboral debido a que las redundancias no son justas causa para despido.

Los trabajadores y patronos deben de hacer las siguientes contribuciones:

• Contribuciones de salud (ISSS)
• El patrono debe de pagar el 7.5% y el trabajador el 3% del salario de cada trabajador. Esta contribución no puede exceder US$72 (aproximadamente EUR58) por trabajador.
• Contribuciones por retiro (fondo de pensiones)

El patrono debe de pagar el 6.75% y el trabajador el 6.25% del salario de cada trabajador.

Los impuestos de estos trabajadores se pagan en base al ingreso neto pagado en el país, y ellos deben de presentar una solicitud de devolución de impuesto sobre la renta durante los primeros cuatro meses del año (calendario) si su ingreso es mayor a US$5,714.28 (aprox. EUR 4,595) a fin de recibir la devolución correspondiente.

Para los trabajadores domiciliados en El Salvador, el monto del impuesto varía de acuerdo a su nivel de ingresos. Para trabajadores no domiciliados en el país, la ley establece una tasa fija del 25% sobre los ingresos netos pagados. Una persona es considerada domiciliada en el país, si ha permanecido en el territorio salvadoreño durante 200 días consecutivos en el año. Asimismo, se considera que una persona es domiciliada en el país, si la mayor parte del total de sus ingresos recibidos en un año ha sido pagado en El Salvador.

Los trabajadores extranjeros requieren de un permiso para trabajar (una visa temporal de residencia), la cual puede ser obtenida en el Consulado de El Salvador del país de origen del trabajador. Sin embargo, la forma más usual de obtener el permiso, es ingresando al país como turista y posteriormente aplicar para la residencia temporal. Este proceso toma entre 3 a 4 meses y la tasa oficial es aproximadamente US$35 (aprox. EUR28).

El impuesto sobre la renta es pagado en base al ingreso neto (es decir a la diferencia entre las ganancias y los gastos) obtenido por el contribuyente durante ese año fiscal.

Por el principio de territorialidad, solo son gravables los impuestos obtenidos por las ganancias del contribuyente, las inversiones locales en El Salvador o por el trabajo realizado o prestado en el territorio salvadoreño.

El impuesto al Valor Agregado (IVA) aplica a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios.

Las sociedades no domiciliadas que obtienen sus ingresos en El Salvador están sujetas a las siguientes retenciones:

• El 20% sobre todos los ingresos gravables y el 13% sobre todos los pagos gravados con el impuesto al Valor Agregado (IVA).

La “introducción de servicios” es tasada por el impuesto al Valor Agregado (IVA). Este servicio, es aquel, que aunque realizado en el exterior, es realizado para una sociedad salvadoreña y es utilizado en El Salvador.

Las sociedades deben pagar el 25% del impuesto sobre la renta y el 13% de impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las cosas sujetas a impuestos son:

• Dividendos pagados a sociedades extranjeras accionistas.
• Dividendos recibidos por sociedades extranjeras.
• Intereses pagados a sociedades extranjeras accionistas.
• Regalías de propiedad intelectual pagadas a sociedades extranjeras accionistas.

Los dividendos pagados a sociedades extranjeras accionistas no son gravables, si la sociedad ha pagado los impuestos sobre la renta de sus ganancias.

Las regalías de propiedad intelectual están sujetas a un 13% de impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que son consideradas originadas por servicios prestados en El Salvador. Si el propietario de los derechos de propiedad intelectual es una sociedad no domiciliada en el país, esta sujeta a un 20% de retención del impuesto sobre la renta.

No existen este tipo de restricciones en el país.

Las ganancias de una sociedad subsidiaria extranjera no pueden ser acreditadas a una sociedad matriz domiciliada en El Salvador.

Aunque no hay leyes que regulen específicamente la transferencia de precios, puede considerarse como evasión de impuestos hacer una transferencia de precios, entre empresas filiales, diferente al precio normal del mercado.

Las importaciones son gravadas de acuerdo a los impuestos aduaneros, los cuales oscilan entre 0% al 20%, mas el 13% de IVA.

Las exportaciones están exentas del impuesto sobre la renta. Asimismo, la Ley de Reactivación de las Exportaciones establece que el gobierno reintegrará al exportador de operaciones de ensamblaje o de maquila, de origen nacional, el 6% sobre el impuesto al valor agregado (IVA).

Las compañías operando bajo el régimen de zona franca renuncian a este incentivo, ya que reciben otros incentivos del gobierno, tales como:

• Exenciones de impuestos aduaneros sobre sus importaciones.
• Exenciones al impuesto sobre la renta y al IVA, excepto en la parte del producto que entra a los mercados locales.

Exención a los impuestos municipales

No existen tratados de doble imposición de impuestos.

Tradicionalmente, las leyes de competencia fueron originadas por diversas fuentes, sin embargo, recientemente la Asamblea Legislativa pasó una nueva ley de antimonopolio. A pesar de que es demasiado temprano para avalar su influencia, definitivamente afectará en como El Salvador manejará los acuerdos restrictivos y las prácticas de antimonopolio en el futuro.

Agencias
Los contratos de agencia, distribución y representación son reguladas por las leyes salvadoreñas y éstos cuentan con una protección hacia la parte local. De acuerdo al código de comercio de 1970, estos contratos solo pueden ser terminados por justa causa. La parte local tiene derecho a recibir una indemnización en caso de una terminación unilateral, negativa a renovar el contrato o enmiendas unilaterales. La indemnización puede ser entre otras: el pago de las ganancias brutas de los últimos 3 años; reintegro de las inversiones realizadas en instalaciones; recompra del inventario, bajo una formula previamente establecida; o reintegro de créditos a terceros.

En caso que una relación de exclusividad se termine sin justa causa, no se renueve el contrato o se enmiende unilateralmente, la parte local puede pedir judicial que cesen las importaciones del nuevo distribuidor del producto(s) mientras no se le indemnice satisfactoriamente.

Distribución
Los contratos de distribución son regulados de la misma manera que los contratos de agencia.

Franquicias

Los contratos de franquicia no están específicamente regulados en las leyes, por lo que las partes pueden negociar libremente la mayoría de los términos y condiciones del contrato, sin embargo, muchas de sus directrices principales se encuentran reguladas en diversas ramas del derecho, tales como: en las leyes de derechos de propiedad intelectual, en las de inversión extranjera, arbitraje, impuestos, registros, asuntos de no competencia, ejecución de laudos arbitrales o de resoluciones de cortes extranjeras.